La experiencia con la que cuenta iDecesos.com le permite conocer todo lo relacionado con el sector de los seguros de decesos y sobre las diferentes causas de fallecimiento con las que se pueden encontrar las aseguradoras.
Lo normal es que cuando una persona fallece, los médicos conozcan cuál ha sido la causa de la defunción y puedan certificarla. Sin embargo, en determinadas ocasiones se da el caso de que los profesionales sanitarios no consiguen averiguar el motivo del fallecimiento, por lo que la defunción deja de considerarse como natural y se denomina fallecimiento judicial.
Algunos de los ejemplos de fallecimientos judiciales son aquellos producidos por accidentes, suicidios, asesinatos o muertes repentinas. Ante estos incidentes, es el juzgado quien pasa a hacerse cargo de la situación. Cuando se dan este tipo de fallecimientos, el despacho judicial correspondiente ordena el traslado del cuerpo del fallecido al Instituto Anatómico Forense, donde se realizará una autopsia con el fin de determinar cuál ha sido la causa de la muerte.
En función de los resultados de la autopsia se optará por seguir una vía judicial o se le otorgará el consentimiento a los familiares para seguir el tratamiento habitual ante un caso de fallecimiento natural. Si los familiares prefieren incinerar el cuerpo del fallecido tendrán que solicitar permiso al Juzgado, que lo concederá o no en función del caso.
En el año 2012, la Administración de Justicia estipuló un servicio judicial ofrecido por una de las funerarias existentes en cada provincia. Este servicio de recogida y traslado del cuerpo del fallecido hasta el Instituto Anatómico Forense puede acarrear ciertos gastos a los familiares. Tras la autopsia y los demás procedimientos requeridos, los allegados podrán seleccionar la empresa funeraria que quieren contratar para que se haga cargo de la celebración del funeral del fallecido.
Suponiendo que el fallecido sea donante de órganos o la familia decida donarlos, serán las autoridades sanitarias competentes las que hagan saber dicha información al juez de guardia y les soliciten permiso para realizar la extracción de los órganos. A su vez, el juzgado de guardia consultará al forense de guardia si puede suponer algún inconveniente dicha operación con respecto a la investigación realizada.
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